La fiscal juvenil Carolina Hernández advirtió que el sistema está “desbordado” por la ola de amenazas de tiroteos. Investigan a alumnos cada vez más jóvenes y recuerdan que no se trata de bromas, sino de un delito.
La fiscal penal juvenil N°2, Carolina Hernández, confirmó que en Salta ya hay más de 30 causas abiertas por amenazas de tiroteos en escuelas, en medio de un fenómeno que creció en los últimos días y que mantiene en alerta al sistema judicial y policial.
Según explicó, el incremento no solo se refleja en la cantidad de casos, sino también en la edad de los involucrados: mientras al inicio predominaban estudiantes de los últimos años del secundario, ahora aparecen situaciones que incluyen a alumnos de primaria.
“Estamos desbordados”, reconoció la fiscal, al señalar que tanto la Fiscalía como la Policía y áreas técnicas trabajan al límite para dar respuesta a cada denuncia.
Cómo se originan las amenazas
Hernández indicó que muchas de estas conductas estarían vinculadas a desafíos virales en redes sociales como TikTok, donde los adolescentes replican comportamientos sin dimensionar las consecuencias.
Las amenazas se manifiestan de distintas formas:
- Mensajes en grupos de WhatsApp
- Grafitis en baños escolares
- Notas en escritorios o pizarrones
En uno de los casos más relevantes, un estudiante envió una imagen de un arma junto a un mensaje que advertía sobre un tiroteo en una escuela. El autor fue identificado tras un operativo que se extendió durante toda la noche.
Intervenciones y medidas
Ante la avalancha de casos, la Fiscalía diseñó un protocolo de actuación unificado para responder rápidamente a cada denuncia.
Entre las medidas implementadas se encuentran:
- Intervención de Criminalística para relevar pruebas
- Secuestro de celulares para peritajes
- Entrevistas a docentes y autoridades escolares
- Revisión preventiva de mochilas en algunos establecimientos
Sin embargo, la fiscal advirtió que los recursos son insuficientes: “No da abasto ni la brigada ni el CIF”, afirmó.
Un delito, no una broma
Desde la Justicia remarcan que estas amenazas constituyen el delito de intimidación pública, con penas que van de 2 a 6 años de prisión.
“Se configura desde el momento en que se anuncia un daño grave e inminente. No podemos tomarlo como una broma”, explicó Hernández.
Incluso los menores de 16 años —no punibles— quedan bajo seguimiento mediante legajos socioeducativos que incluyen evaluaciones psicológicas y acompañamiento.
Casos en aumento y sistema exigido
El viernes pasado fue uno de los días más críticos, con cuatro detenidos en distintos hechos. Actualmente, todas las personas identificadas enfrentan procesos judiciales, aunque no en todos los casos se dictan detenciones.
La fiscal también señaló la dificultad para avanzar en investigaciones de grafitis, donde identificar a los autores implica revisar cámaras y analizar grandes volúmenes de personas.
Mensaje a las familias
Hernández pidió a los padres involucrarse activamente: “Que hablen con sus hijos. No es un juego, es un delito”.
En uno de los casos, un joven accedió a una suspensión de juicio a prueba, que incluye tareas comunitarias y la posibilidad de compartir su experiencia para generar conciencia entre sus pares.
