La Justicia Federal investiga una presunta red que habría utilizado documentación médica irregular para obtener pensiones no contributivas. Hubo nueve allanamientos en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.
La investigación por una presunta maniobra fraudulenta para obtener pensiones no contributivas por invalidez sumó nuevas pruebas en el departamento Anta, donde la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos que permitieron secuestrar radiografías, estudios clínicos y documentación considerada clave para la causa.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional en nueve inmuebles ubicados en las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal, en el marco de una investigación que lleva más de un año y medio.
Sospechan de una estructura organizada
La causa es impulsada por la Unidad Fiscal Federal de Salta y busca determinar la existencia de una organización dedicada a gestionar de manera irregular pensiones por invalidez para personas que no presentaban las patologías declaradas en los expedientes.
Según la hipótesis de los investigadores, la maniobra habría contado con la participación de operadores políticos, profesionales de la salud y otros actores vinculados al circuito administrativo necesario para acceder a los beneficios.
La investigación sostiene que personas en situación de vulnerabilidad económica eran contactadas y asistidas para tramitar pensiones a cambio de respaldo político o electoral.
Radiografías y estudios médicos en la mira
Uno de los hallazgos más relevantes surgió durante los últimos allanamientos, donde se encontró una importante cantidad de radiografías de tórax y columna pertenecientes a distintas personas.
De acuerdo con fuentes de la investigación, cerca del 90% de las placas secuestradas presentaban alteraciones similares en la columna vertebral. Además, algunas contenían espacios en blanco destinados a completar posteriormente los datos de identificación de los supuestos pacientes.
Los investigadores también incautaron estudios clínicos vinculados a diagnósticos de enfermedad de Chagas que, presuntamente, habrían sido reutilizados para respaldar trámites correspondientes a diferentes beneficiarios.
Investigan certificados y documentación apócrifa
Otra de las líneas de investigación apunta a determinar si existió un circuito destinado a confeccionar documentación médica falsa o adulterada.
La Justicia analiza casos en los que un mismo estudio habría sido utilizado en múltiples expedientes, así como certificados de discapacidad que habrían sido emitidos o firmados por personas sin habilitación profesional para ejercer la medicina.
Las nuevas pruebas están siendo sometidas a peritajes para establecer su autenticidad y determinar el alcance de las presuntas irregularidades.
Podrían ampliar las imputaciones
Tras los procedimientos, la Justicia Federal evalúa incorporar nuevos imputados a la causa.
Entre las personas bajo análisis figuran profesionales de la salud y dirigentes políticos que habrían tenido algún grado de participación en las maniobras investigadas.
La causa ya había registrado avances significativos en septiembre de 2025, cuando se realizaron allanamientos simultáneos en hospitales públicos, clínicas privadas y domicilios particulares, dando origen a las primeras imputaciones por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Allanamientos en el hospital de El Quebrachal
En esta nueva etapa de la investigación, los procedimientos alcanzaron también al Hospital Enrique Romero de El Quebrachal y a domicilios vinculados con profesionales que prestan o prestaron servicios en ese establecimiento.
Las evidencias recolectadas durante los allanamientos serán analizadas por la Justicia Federal para determinar la posible existencia de una red organizada destinada a obtener beneficios previsionales mediante documentación médica presuntamente irregular.
