El Banco Nación quedó nuevamente en el centro de la discusión política tras conocerse que, entre enero de 2024 y marzo de 2026, otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP), categoría que incluye a funcionarios, legisladores y otros cargos alcanzados por controles especiales de la Unidad de Información Financiera (UIF).
De acuerdo con los datos oficiales, durante ese período la entidad aprobó un total de 25.391 créditos hipotecarios. Los préstamos destinados a Personas Expuestas Políticamente representaron alrededor del 4,4% del total, lo que equivale a aproximadamente uno de cada 23 créditos otorgados.
La polémica tomó fuerza luego de que trascendiera los casos de funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo que accedieron a créditos por montos millonarios. Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios del área económica, directivos de organismos públicos y legisladores de La Libertad Avanza.
Desde el Banco Nación y los funcionarios involucrados sostienen que los préstamos fueron otorgados mediante líneas hipotecarias abiertas a cualquier ciudadano que cumpliera con los requisitos exigidos, sin beneficios especiales ni excepciones. La entidad también afirmó que los procesos de evaluación son homogéneos para todos los solicitantes.
Sin embargo, la situación derivó en pedidos de informes en el Congreso y en denuncias judiciales para determinar si existieron condiciones preferenciales o tratamientos diferenciados para funcionarios públicos. La oposición reclama conocer en detalle los criterios utilizados para la aprobación de los créditos.
El debate se produce en un contexto donde el acceso a la vivienda y al crédito hipotecario continúa siendo una de las principales dificultades para gran parte de la población, lo que amplifica las repercusiones políticas alrededor del tema.
