La situación sanitaria en las unidades carcelarias de Salta volvió a quedar bajo la lupa tras la muerte de un interno que fue trasladado de urgencia desde la Alcaidía General N°1 hacia el Hospital Arturo Oñativia. El hombre, que padecía una enfermedad crónica, falleció este martes al mediodía luego de una severa descompensación que, según denuncias, habría estado vinculada a la falta de controles médicos adecuados.
De acuerdo con información publicada por medios locales, el interno no recibía el seguimiento profesional necesario para su condición, lo que habría derivado en el desenlace fatal. Este caso coincide con un contexto de creciente preocupación por la propagación de enfermedades infectocontagiosas dentro de los penales salteños.
La alarma también se encendió en la Unidad Carcelaria N°4, donde se confirmó un aparente nuevo caso positivo de tuberculosis en una interna. Ante el riesgo de contagio, se dispuso su aislamiento inmediato para intentar frenar una posible cadena de transmisión.
Un problema que se repite
Según reportes recientes, la tuberculosis viene registrando un avance sostenido en contextos de encierro, donde el hacinamiento y las condiciones sanitarias deficientes favorecen la propagación de la enfermedad. Medios provinciales señalaron que este nuevo fallecimiento se suma a otros episodios similares ocurridos semanas atrás, lo que incrementa la preocupación por la falta de protocolos consistentes y la escasa comunicación oficial sobre la situación sanitaria.
En paralelo, informes periodísticos advirtieron que el movimiento diario de detenidos hacia dependencias judiciales también genera inquietud entre trabajadores del sistema, debido al riesgo de transmisión aérea de la tuberculosis en espacios cerrados y concurridos.
Advertencias previas y cifras preocupantes
Días atrás, autoridades sanitarias provinciales habían reconocido un aumento de casos de tuberculosis tras la implementación de controles más estrictos. Según datos oficiales, la provincia registra entre 800 y 900 casos activos, una cifra que se vincula directamente con factores como la mala alimentación y las condiciones de vida en sectores vulnerables.
El riesgo no solo alcanza a la población privada de la libertad, sino también al personal penitenciario y judicial que luego regresa a sus hogares, lo que amplifica la preocupación por un posible rebrote.
La situación vuelve a poner en debate la necesidad de mejorar la atención médica dentro de los penales, reforzar los protocolos de prevención y garantizar condiciones sanitarias adecuadas para evitar nuevas muertes y contagios.
