Diputados de La Libertad Avanza impulsan una iniciativa para bloquear el uso de teléfonos móviles en las unidades penitenciarias. El proyecto propone instalar inhibidores de señal y crear un sistema de comunicación controlado.
La Cámara de Diputados de Salta debatirá un proyecto de ley que busca prohibir de manera total el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad en las cárceles de la provincia.
La iniciativa fue presentada por legisladores de La Libertad Avanza y plantea establecer nuevas restricciones para impedir que los internos utilicen dispositivos electrónicos con acceso a llamadas, mensajes o internet.
El proyecto fue impulsado por Eduardo Virgili, Andrés Arce, Claudio Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids Cornejo, Fernanda Domínguez, Alejandro Esper, Franco Lastra y Sergio López.
La propuesta alcanza a teléfonos celulares, smartphones, tablets, computadoras portátiles con conectividad y cualquier equipo capaz de comunicarse mediante redes móviles.
Comunicación institucional y controlada
Como alternativa al uso de dispositivos personales, la iniciativa plantea que las comunicaciones de los internos se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o equipos institucionales provistos por el Servicio Penitenciario.
Según el proyecto, las llamadas tendrían una duración máxima de 40 minutos diarios, se realizarían en horarios establecidos y quedarían registradas bajo supervisión de las autoridades.
Las únicas comunicaciones exceptuadas del control serían aquellas mantenidas entre los internos y sus abogados defensores.
Además, se contempla la posibilidad de implementar videollamadas institucionales en espacios especialmente preparados y con registro audiovisual.
Inhibidores de señal en las unidades penitenciarias
Uno de los puntos centrales del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición de señal celular e internet dentro de los pabellones, módulos y perímetros de las cárceles provinciales.
Para llevar adelante esta medida, el Poder Ejecutivo deberá coordinar acciones con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y realizar estudios técnicos para evitar interferencias fuera de los establecimientos.
Los legisladores sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad penitenciaria y evitar que desde las cárceles se organicen delitos mediante teléfonos celulares.
El Servicio Penitenciario cuestionó la necesidad de la ley
Desde el Servicio Penitenciario señalaron que actualmente existe un reglamento interno que ya prohíbe el uso de celulares dentro de las unidades carcelarias.
Según indicaron, la normativa vigente incluye restricciones establecidas mediante la Resolución N° 159/02 de la Secretaría de Justicia, por lo que consideran que parte de la regulación ya se encuentra contemplada.
El debate legislativo definirá si la provincia avanza con una nueva norma específica para reforzar estas prohibiciones.
