La defensa de Lucas Pertossi solicitó su liberación por considerar excesiva la prisión preventiva. El tribunal deberá resolver si el criterio aplica también a los otros condenados.

Uno de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa presentó un pedido de excarcelación ante la Justicia, lo que reabre el debate sobre los plazos de la prisión preventiva en una de las causas más emblemáticas de los últimos años en Argentina.

Se trata de Lucas Pertossi, detenido desde 2020 en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero. Su defensor oficial, Rolando Brown, elevó el planteo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, al considerar que la detención excede los plazos razonables sin una sentencia firme.

La defensa argumentó que esta situación vulnera garantías constitucionales y solicitó la excarcelación “por plazo irrazonable”. De manera subsidiaria, pidió una morigeración de la detención, respaldada por un informe socioambiental que acredita domicilio en Zárate y una red de contención familiar.

Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario, al igual que Ayrton Viollaz y Blas Cinalli. En tanto, otros cinco imputados —Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Enzo Comelli— recibieron prisión perpetua.

El planteo no solo impacta en la situación de Pertossi. El tribunal deberá evaluar si el mismo criterio puede aplicarse al resto de los condenados, lo que podría modificar el escenario judicial del caso.

Desde la querella, encabezada por el abogado Fernando Burlando, rechazaron el pedido. Sostuvieron que no existe vulneración de plazos razonables y remarcaron que las condenas ya fueron confirmadas en distintas instancias, por lo que la detención resulta “legítima y proporcional”.

En paralelo, Pertossi brindó recientemente declaraciones públicas en las que aseguró que “todos quieren contar la verdad de lo que pasó” y negó la existencia de un plan para matar. “No pido impunidad, me equivoqué y estoy pagando el error”, expresó.

La decisión ahora queda en manos de la Justicia, que deberá resolver un planteo con posible impacto colectivo en una causa que marcó a la opinión pública.