Con respaldo del oficialismo y provincias mineras, la Cámara de Diputados convirtió en ley la modificación del régimen de protección glaciar. La oposición anticipa judicialización.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de glaciares con 137 votos afirmativos, tras haber obtenido previamente media sanción en el Senado. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, contó con el apoyo del oficialismo y bloques aliados, además del respaldo de provincias con actividad minera.
La iniciativa modifica el alcance de la protección sobre áreas glaciares y periglaciares, con el objetivo de habilitar nuevos proyectos productivos, especialmente vinculados a la minería. Según sus impulsores, la reforma no compromete los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada.
El oficialismo logró el quórum sin dificultades y anticipaba un resultado favorable, que finalmente se concretó dentro del margen previsto. Durante el debate, se evidenció una fuerte división en el recinto.
Quienes respaldaron el proyecto sostuvieron que la normativa vigente presentaba ambigüedades que limitaban el desarrollo productivo en zonas donde no existe impacto sobre recursos hídricos. En esa línea, argumentaron que la reforma mantiene intacto el principio de protección ambiental sobre glaciares estratégicos.
El diputado Nicolás Mayoraz defendió la iniciativa al señalar que «no se modifica el paradigma de protección», y afirmó que se fortalece el federalismo al otorgar mayor protagonismo a las provincias en la evaluación de sus recursos naturales.
En contraste, sectores de la oposición cuestionaron con dureza la reforma. Advirtieron que responde a intereses de empresas mineras y anticiparon que será judicializada por considerarla inconstitucional y regresiva en términos ambientales.
La diputada Sabrina Selva planteó dudas sobre la independencia de las provincias para llevar adelante evaluaciones técnicas, mientras que Maximiliano Ferraro denunció que el texto habría sido influenciado por actores del sector minero.
Desde la izquierda, Myriam Bregman calificó la medida como una ofensiva reprimarizadora, mientras que Miguel Pichetto sostuvo que la ley vigente permitía compatibilizar desarrollo y control ambiental sin necesidad de modificaciones.
