La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal declaró la inconstitucionalidad de los artículos del DNU 366/2025 que trasladaban a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, y resolvió que ese trámite debe continuar bajo la órbita de la Justicia Federal. El fallo representa un revés judicial para el Gobierno, que había impulsado la modificación como parte de su reforma migratoria.
La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal al hacer lugar al planteo presentado por una ciudadana extranjera que cuestionó la validez del decreto. Los jueces consideraron que el Poder Ejecutivo no demostró la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran legislar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia sobre una materia reservada al Congreso.
El DNU, firmado en mayo de 2025, había establecido que los pedidos de ciudadanía dejarán de tramitarse ante los jueces federales para pasar a la Dirección Nacional de Migraciones. Además, incorporó nuevos requisitos para acceder a la naturalización y creó un régimen especial de ciudadanía por inversión.
Con este fallo, la Cámara revocó una resolución de primera instancia que había avalado la constitucionalidad del decreto y ordenó que el expediente vuelva al juzgado federal para continuar con el trámite de ciudadanía de la demandante. La sentencia solo tiene efecto sobre este caso, aunque podría convertirse en un antecedente para futuras presentaciones judiciales similares.
Desde el Gobierno aún no confirmaron si apelarán la decisión ante la Corte Suprema. Mientras tanto, el fallo reabre el debate sobre los límites del uso de los DNU y la constitucionalidad de la reforma migratoria impulsada por la administración de Javier Milei.
La resolución constituye uno de los principales reveses judiciales que recibió el Ejecutivo respecto de las modificaciones introducidas por decreto y vuelve a poner bajo análisis una parte central de su política migratoria.
