El Gobierno provincial rescindió un contrato de promoción industrial firmado en 2012 por incumplimientos en un proyecto vinculado a una fábrica de productos plásticos.
El Gobierno de Salta dejó sin efecto un contrato de promoción industrial firmado hace más de una década y avanzará en el recupero de beneficios fiscales otorgados a un emprendimiento privado.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto Nº 310/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia.
La medida alcanza al proyecto denominado “Fábrica de Productos Plásticos”, vinculado al empresario Gustavo Walter Romero.
Rescisión por incumplimientos
Según detalla el decreto, el beneficiario había recibido distintos incentivos fiscales previstos dentro del régimen de promoción industrial implementado por la Provincia.
Entre los beneficios otorgados figuraban:
- Exenciones impositivas.
- Certificados de crédito fiscal.
- Incentivos económicos destinados al desarrollo del emprendimiento.
El monto total de los beneficios asciende a aproximadamente $450.000.
Sin embargo, el Gobierno provincial sostuvo que el titular del proyecto no acreditó el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato firmado en 2012.
La Provincia reclamará la deuda
Ante esta situación, el Ejecutivo provincial resolvió rescindir formalmente el acuerdo y avanzar con el recupero de los fondos públicos otorgados.
El decreto instruye a la Dirección General de Rentas a determinar las sumas adeudadas y realizar el reclamo correspondiente.
Además, se habilitó la intervención de Fiscalía de Estado en caso de incumplimiento o falta de pago.
Control sobre beneficios promocionales
La medida se enmarca en los controles que la Provincia realiza sobre proyectos beneficiados con regímenes de promoción industrial y exenciones impositivas.
Este tipo de programas busca incentivar inversiones privadas, generación de empleo y desarrollo productivo, aunque los beneficiarios deben acreditar el cumplimiento de metas y compromisos establecidos en los convenios.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es garantizar un uso adecuado de los recursos públicos y evitar irregularidades en programas de incentivo fiscal.
