El juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, su hermano y un exfuncionario avanzó con nuevas declaraciones testimoniales. Expusieron cinco testigos, entre ellos trabajadores y exempleados municipales además de un contador público. El proceso se desarrolla ante un tribunal colegiado y está previsto que se extienda hasta el 30 de marzo.
Ernesto “Kila” Gonza está imputado como autor de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función en concurso real. El exsecretario de Hacienda, Rogelio Guaymás, está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Finalmente, el concejal Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado en calidad de partícipe necesario.
En la nueva jornada del juicio compareció un empleado de la Municipalidad de San Lorenzo que durante la gestión de Gonza ocupó diferentes funciones, entre ellas, la de director de Tránsito (2017 a 2019). Fue consultado acerca de un informe que realizó a pedido de Manuel Saravia – actual intendente y denunciante- sobre el estado del parque automotor de la comuna al momento del traspaso de gestión. Sostuvo que durante su desempeño como empleado municipal (desde 2007 hasta la actualidad) el estado de los vehículos siempre fue malo y el mantenimiento, nulo o escaso. Consultado puntualmente sobre una camioneta Chevrolet bordó mencionada en la causa, señaló que la vio circulando conducida por empleados de la Municipalidad; pero cuando hizo el informe sobre el parque automotor, no estaba.
El testigo también mencionó que durante la gestión de Gonza se entregaban carnés de conducir “sin cargo”. Se los expedía por disposición del intendente y de su hermano Aldo, quien no tenía ningún cargo en el municipio. Dijo que él, como secretario de Tránsito, cumplía la orden de emitir el carné sin exigir la documentación correspondiente (certificado médico, fotocopia de DNI, foto) y debía hacerlo en un plazo de 24 horas. Los carnés llevaban su firma y la del jefe comunal.
Comentó que cuando se desempeñaba en ese cargo desapareció su sello. Hizo la denuncia pertinente en la comisaría de San Lorenzo. Refirió que por entonces la Policía Vial lo llamó para avisarle que habían retenido carnés que tenían su sello y firmas falsificadas, tanto la suya como la del intendente.
También contó que durante la transición entre la gestión de Gonza y de Saravia el sereno de un depósito municipal había alertado sobre el faltante de neumáticos nuevos que se acopiaban en ese inmueble.
Otro de los testigos, un contador público nacional citado por la defensa de Guaymás, fue consultado sobre aspectos técnicos referidos a la auditoría realizada por dos colegas en el municipio de San Lorenzo por encargo del denunciante Manuel Saravia.
Dijo que es posible que profesionales que no pertenecen a la Auditoría General de la Provincia sean convocados para realizar un informe sobre la situación financiera de un organismo público, pero no supo preciar la validez de dicho instrumento.
También se le pidió que se refiriera a la certificación de las firmas de los contadores autores de la auditoría, por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Indicó que ambas estaban certificadas correctamente, con fecha de abril de 2021. Si bien la presentación del informe estaba fechada en junio de 2020, el testigo sostuvo que la firma puede certificarse con posterioridad sin que eso constituya una irregularidad.
La audiencia de debate está a cargo de los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello.
