La investigación apunta a una supuesta organización acusada de usar pagarés en blanco, domicilios falsos y demandas judiciales para embargar bienes de personas vulnerables.
Una investigación judicial en Salta derivó en 19 allanamientos simultáneos por una presunta organización acusada de cometer estafas procesales mediante el uso fraudulento de pagarés, préstamos informales y demandas ejecutivas.
Los procedimientos incluyeron domicilios particulares, inmuebles señalados como direcciones ficticias y un estudio jurídico, donde se secuestraron dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, expedientes judiciales y pagarés vinculados a la causa.
Cómo operaba la presunta maniobra
Según la investigación, el esquema habría consistido en captar personas en situación de vulnerabilidad económica, otorgarles préstamos bajo condiciones abusivas y hacerles firmar pagarés en blanco.
Posteriormente, esos documentos habrían sido completados con montos presuntamente adulterados o desproporcionados para iniciar juicios ejecutivos.
Domicilios falsos y falta de defensa
Uno de los puntos más graves detectados por la Justicia fue el uso reiterado de domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a las personas demandadas.
Esto habría impedido la correcta notificación judicial, dejando a las víctimas sin posibilidad de defensa y facilitando embargos sobre bienes, ingresos o haberes.
Más de 70 expedientes bajo sospecha
Los juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos detectaron irregularidades sistemáticas en más de 70 expedientes vinculados a una misma parte actora y al patrocinio de un mismo abogado.
Ante el allanamiento en el estudio legal involucrado, intervino el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, que designó un veedor para resguardar el cumplimiento de normas profesionales.
Medidas judiciales
El fiscal interviniente solicitó el levantamiento del secreto bancario de los principales investigados, además de restricciones como prohibición de salida del país y limitaciones de contacto con denunciantes.
Los sospechosos fueron citados a audiencia de imputación en la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
Impacto del caso
La causa podría revelar una operatoria de gran escala con múltiples víctimas, centrada en el desapoderamiento patrimonial mediante herramientas judiciales utilizadas de forma presuntamente fraudulenta
