El abogado brasileño Rafael Valim, integrante del equipo internacional que representa a Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que el Estado argentino deberá cumplir cualquier decisión que adopte el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto del reclamo presentado por la expresidenta contra su condena en la causa Vialidad. No obstante, aclaró que una eventual resolución del organismo no tendría aplicación automática en los tribunales argentinos, sino que requeriría medidas por parte del Estado para su implementación.
En una entrevista, Valim sostuvo que «lo que decida el Comité de Derechos Humanos de la ONU es vinculante» y afirmó que la Argentina, al ser parte de los tratados internacionales correspondientes, tiene la obligación de respetar las resoluciones del organismo. Sin embargo, explicó que eso no implica que la Justicia deba modificar de inmediato la situación judicial de la exmandataria sin un procedimiento interno.
La defensa de Cristina Kirchner solicitó al Comité una medida provisional para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras se analiza el fondo de la denuncia. El planteo sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y que la condena tuvo motivaciones políticas, argumentos que el organismo internacional deberá evaluar antes de pronunciarse.
Valim también afirmó que la expresidenta es inocente y comparó su situación con la del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuya condena fue anulada por la Justicia de ese país tras detectarse irregularidades en el proceso. Según el abogado, el caso argentino presenta elementos que justifican la intervención del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene una postura crítica respecto de la presentación realizada ante la ONU y considera que el reclamo no modificará el escenario político interno. En la Casa Rosada sostienen que la condena dictada por la Justicia argentina continúa vigente y descartan que el planteo internacional tenga efectos inmediatos sobre la situación judicial de Cristina Kirchner.
El expediente continuará su trámite ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que deberá decidir en primer lugar si admite el caso y, posteriormente, analizar el planteo de fondo. Hasta que eso ocurra, la condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos permanecen vigentes, mientras el debate sobre el alcance de una eventual resolución internacional sigue abierto.
