La Prefectura Naval Argentina intimó a más de 500 trabajadores marítimos a levantar el paro que afecta a los principales puertos del país, en una medida que busca destrabar un conflicto gremial que ya mantiene unos 140 buques sin poder operar. La notificación fue emitida por orden judicial y advierte a los trabajadores que, en caso de incumplir la disposición, podrían enfrentar sanciones penales por desobediencia.
La medida alcanza a tripulantes afiliados a distintos sindicatos del sector marítimo, quienes mantienen un paro en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a modificaciones en las condiciones laborales impulsadas por el Gobierno. El conflicto afecta principalmente a la actividad exportadora, ya que decenas de embarcaciones permanecen detenidas en distintos puertos del país a la espera de poder cargar o descargar mercadería.
Según datos del sector, alrededor de 140 buques continúan paralizados, lo que genera demoras en las exportaciones de granos, derivados agroindustriales y otros productos, además de importantes pérdidas económicas para las empresas involucradas. La situación también provoca sobrecostos logísticos y preocupa al Gobierno por el impacto que podría tener sobre el ingreso de divisas.
La intimación fue dispuesta luego de que la Justicia ordenara garantizar la libre navegación y el normal funcionamiento de los puertos. Prefectura notificó personalmente a los trabajadores alcanzados por la resolución y les exigió cesar de inmediato las medidas de fuerza, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales si persiste el incumplimiento.
Mientras tanto, los gremios ratificaron la continuidad del paro y sostienen que la protesta responde a la falta de avances en las negociaciones con las cámaras empresarias. Los representantes sindicales reclaman una actualización salarial acorde con la inflación y cuestionan las propuestas presentadas durante las últimas reuniones paritarias.
El Gobierno sigue de cerca la evolución del conflicto e intenta facilitar una instancia de diálogo entre las partes para restablecer la actividad portuaria. Sin embargo, mientras no haya un acuerdo, los puertos continúan operando con fuertes restricciones y la normalización del comercio exterior permanece condicionada al resultado de las negociaciones.
