El Defensor del Pueblo de Salta, Federico Núñez Burgos, cuestionó con dureza la posibilidad de que el boleto del transporte urbano aumente a $1.486 y advirtió que la medida tendría un impacto “muy fuerte” en la economía de los hogares salteños. El funcionario señaló que el incremento no puede analizarse solo desde la estructura de costos de SAETA, sino desde la realidad salarial y la ausencia de subsidios nacionales que agrava la situación del interior del país.
Núñez Burgos explicó que la Defensoría está estudiando el pedido de actualización tarifaria y que recién accederán al expediente completo en el marco de la audiencia pública del 3 de marzo. Sin embargo, adelantó que el aumento propuesto “no puede superar la inflación” y debe guardar una relación razonable con los ingresos reales de la población. “Hay un desfasaje evidente entre los precios y los salarios. Todos los aumentos son fuertes para las familias trabajadoras”, sostuvo.
El defensor remarcó que un boleto cercano a los $1.500 afectaría especialmente a quienes viajan varias veces al día. “Un trabajador que toma cuatro colectivos diarios ya paga una cifra muy alta. Si el boleto sube a $1.486, ese gasto prácticamente se duplica. Y estamos hablando de un solo integrante del hogar”, señaló, subrayando el impacto acumulado en familias con más de un trabajador o estudiantes.
Además, Núñez Burgos insistió en que la gratuidad para estudiantes, jubilados y regímenes especiales debe mantenerse como política central.
“Es fundamental sostener la gratuidad. Tiene un costo administrativo y operativo, pero es la única forma de garantizar acceso al transporte para sectores que no pueden absorber estos aumentos”
El funcionario también apuntó contra la eliminación de subsidios nacionales al transporte del interior, una decisión que —según dijo— dejó a las provincias “solas” frente a un sistema cada vez más costoso. “El Gobierno nacional abandonó a las provincias. Mientras el AMBA sigue recibiendo fondos, el interior debe cubrir no solo sus propios costos, sino también la ausencia de esos subsidios. Es un problema gravísimo”, expresó.
Para Núñez Burgos, la discusión tarifaria no puede resolverse sin revisar el rol del Estado nacional y la distribución de los recursos que se recaudan a través de impuestos al combustible. “Los salteños seguimos financiando un fondo que se concentra en el AMBA. Es una inequidad que debe corregirse”, afirmó.
La Defensoría presentará su postura formal en la audiencia pública del 3 de marzo, donde planteará la necesidad de evitar un aumento que, según advirtió, podría profundizar la desigualdad y comprometer el acceso al transporte para miles de salteños.
