La Justicia federal frenó de manera provisoria el cierre de más de 600 servicios técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que había sido impulsado por el Gobierno nacional como parte del proceso de reorganización y ajuste estatal. La medida representa un nuevo revés judicial para la administración de Javier Milei.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín tras una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El fallo ordena suspender temporalmente cualquier medida vinculada a la eliminación de servicios, modificaciones operativas o movimientos de equipamiento dentro del organismo.
El conflicto surgió luego de que el Consejo Directivo del INTI avanzara con una resolución orientada a reducir cientos de prestaciones técnicas y programas especializados que el instituto brindaba a empresas, industrias y sectores productivos. Desde el oficialismo argumentaban que muchos servicios tenían baja demanda o podían ser cubiertos por el sector privado.
Sin embargo, trabajadores y especialistas advirtieron que la medida podía afectar funciones estratégicas vinculadas al desarrollo industrial, controles de calidad, asistencia tecnológica y certificaciones técnicas. Además, denunciaron que el recorte ponía en riesgo cientos de puestos laborales y debilitaba el rol del organismo en áreas clave de la producción nacional.
El juez consideró que existían elementos suficientes para suspender provisoriamente la aplicación de la resolución y remarcó posibles vulneraciones a derechos laborales y garantías vinculadas a la estabilidad de los trabajadores estatales. La cautelar tendrá vigencia inicial durante seis meses mientras continúa el análisis judicial sobre el fondo del conflicto.
El fallo se suma a otras decisiones judiciales que en los últimos meses pusieron límites a distintas reformas impulsadas por el Gobierno sobre organismos públicos. Mientras tanto, desde el Ejecutivo sostienen que continuarán avanzando con su política de reducción del Estado y reestructuración administrativa.
