Padres, docentes y estudiantes de distintas provincias presentarán un petitorio ante el máximo tribunal para reclamar la implementación de la norma que regula el financiamiento de las universidades nacionales.Cuerpo
Familias salteñas y de distintas partes del país presentarán este viernes un petitorio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.
La iniciativa reúne a padres de colegios preuniversitarios, familias autoconvocadas, docentes, trabajadores no docentes y representantes estudiantiles que buscan que el máximo tribunal intervenga ante la situación que atraviesan las instituciones educativas vinculadas a las universidades nacionales.
El reclamo será presentado durante una conferencia de prensa mixta, presencial y virtual, que se realizará en la sede nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Salta se suma al reclamo nacional
En la provincia, participan familias vinculadas al Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia”, establecimiento preuniversitario dependiente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
La institución recibe estudiantes de entre 12 y 17 años y forma parte del sistema educativo asociado a la universidad pública.
Desde el movimiento impulsor del reclamo señalaron que la preocupación alcanza a distintos niveles educativos, desde jardines y colegios secundarios hasta las propias universidades nacionales.
Reclamo por el financiamiento educativo
Los impulsores del petitorio sostienen que la aplicación de la ley resulta necesaria para garantizar la continuidad del sistema universitario y el normal funcionamiento de las instituciones.
El planteo apunta a que la normativa aprobada tenga plena vigencia y que se definan los mecanismos necesarios para asegurar los recursos destinados a educación superior.
La presentación ante la Corte se produce en un contexto de creciente preocupación entre comunidades educativas de distintas provincias, que advierten sobre el impacto que las restricciones presupuestarias pueden tener en la calidad y sostenimiento de la enseñanza pública.
