El debate sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros volvió al centro de la agenda política con el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Tierras. La iniciativa propone eliminar las restricciones vigentes para personas y empresas privadas extranjeras, aunque mantiene controles específicos cuando los compradores sean Estados extranjeros o compañías bajo su control. De aprobarse, Argentina pasaría a tener uno de los regímenes más flexibles de Sudamérica en esta materia.
Actualmente, la Ley 26.737 establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada municipio. Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola y prohíbe la compra de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera. Según datos oficiales, apenas el 6% de las tierras rurales argentinas está hoy en manos extranjeras, muy por debajo del tope permitido por la legislación vigente.
En Brasil, uno de los países con mayores restricciones de la región, la ley impide que los extranjeros superen el 25% de la superficie de un municipio y establece que una misma nacionalidad no puede controlar más del 10% de ese territorio. Además, las operaciones son supervisadas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), que lleva un registro de las adquisiciones.
Uruguay, en cambio, no limita la compra de tierras por parte de extranjeros, pero exige una fuerte transparencia sobre la identidad de los propietarios. La normativa obliga a identificar a los accionistas de las sociedades que adquieren campos y actualmente se analizan proyectos para reforzar los controles en zonas de frontera.
En Paraguay tampoco existen topes generales para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, aunque sí rigen restricciones en las franjas de seguridad fronteriza y otras regulaciones específicas destinadas a proteger áreas estratégicas. El capital extranjero tiene una importante presencia en el sector agropecuario, especialmente en la producción de soja y ganadería.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca facilitar la llegada de inversiones privadas sin comprometer la soberanía nacional. Según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, la iniciativa diferencia a los inversores privados de los Estados extranjeros, que seguirán sujetos a autorizaciones especiales para adquirir tierras rurales.
El proyecto será debatido en el Senado junto con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, el oficialismo aún enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios y no se descarta que la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras vuelva a postergarse.
