El Gobierno provincial destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y aseguró que ya existen proyectos consolidados por unos US$8.000 millones. El desafío será convertir ese capital en empleo, proveedores locales e infraestructura.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en una de las principales herramientas con las que Salta busca acelerar el desarrollo de su industria minera.
Desde la Provincia señalaron que el esquema podría movilizar inversiones por hasta US$13.000 millones, a partir de proyectos vinculados principalmente a la explotación de litio y otros minerales estratégicos.
El secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, sostuvo que la actividad dejó de ser una expectativa a futuro y que la provincia atraviesa una etapa concreta de crecimiento del sector.
“Ya no hablamos en términos potenciales cuando hablamos de minería, hablamos de una realidad”, afirmó durante una entrevista en Pasaron Cosas.
Según explicó el funcionario, actualmente existen proyectos consolidados por alrededor de US$8.000 millones y la cifra podría incrementarse con la incorporación de una iniciativa cuprífera de escala internacional.
Grandes proyectos y movimiento económico
Entre los emprendimientos destacados aparece el proyecto de Rio Tinto, con una inversión estimada en US$2.700 millones.
Carrizo señaló que este tipo de iniciativas ya generan impacto en la economía salteña mediante la contratación de servicios, trabajos de construcción y la participación de proveedores vinculados a la actividad minera.
Para el Gobierno provincial, el objetivo es que la llegada de capitales no quede limitada únicamente a la extracción de recursos, sino que impulse una cadena productiva dentro de Salta.
El desafío de acelerar permisos y controles
El funcionario consideró que el RIGI abrió una oportunidad para atraer inversiones mediante mayor previsibilidad y reglas claras.
Sin embargo, planteó que el Estado debe acompañar el proceso con mayor rapidez administrativa, sin descuidar los controles técnicos y ambientales.
“No podemos tener un proceso de inversión esperando a que una oficina determine en qué momento va a salir su proyecto”, señaló.
Desde la Provincia remarcaron que el desafío consiste en equilibrar la necesidad de atraer inversiones con la evaluación ambiental y el cumplimiento de las normas vigentes.
Más empleo y desarrollo en la Puna
Carrizo afirmó que el verdadero impacto de los proyectos mineros deberá medirse por los beneficios que generen en el territorio.
En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer proveedores locales, capacitar trabajadores y mejorar la infraestructura de conectividad en la Puna salteña.
La expectativa oficial es que los miles de millones de dólares anunciados se traduzcan en más empleo, crecimiento para las empresas locales y mejores condiciones para las comunidades cercanas a los proyectos.
