El Hospital San Vicente de Paul, máximo centro de referencia del norte salteño, atraviesa una crisis sin precedentes. La Dra. María Julia Pizola, secretaria general de ATE Orán, denunció en diálogo con CADENA MÁXIMA que en los últimos meses se produjo la salida de cinco especialistas —una neuróloga, un neurocirujano, una pediatra, una neonatóloga y un tocoginecólogo—, lo que impacta de manera directa en la calidad de atención y en la posibilidad de dar respuesta a una amplia zona de influencia que incluye los departamentos Orán y San Martín.
La situación es dramática: apenas dos médicos de guardia deben atender más de 40 pacientes internados y más de 250 consultas diarias. “El hospital ha estado desbordado, con pacientes que fallecen sin poder ser derivados”, advirtió Pizola, señalando que la crisis no solo afecta la atención inmediata, sino que compromete la salud pública a largo plazo.
La dirigente gremial fue categórica: “La culpa es del gobierno provincial, que ajusta hacia abajo y precariza a los trabajadores de la salud. Los profesionales se van por las malas condiciones laborales y por un régimen autoritario que se ha instalado en el hospital”, denunció.
A esto se suma el desfinanciamiento de obras sociales como PAMI e IPS, lo que incrementa la demanda hospitalaria mientras los recursos humanos y materiales se reducen. El panorama epidemiológico agrava aún más la emergencia: brotes de hantavirus con víctimas fatales, un crecimiento exponencial de la tuberculosis, y un alarmante aumento de casos de VIH en jóvenes de entre 19 y 35 años. “Todo esto es consecuencia directa del abandono y el ajuste en salud”, sentenció Pizola.
La falta de insumos y la precarización de enfermeros y licenciados completan un cuadro que desnuda la responsabilidad política del gobierno de Salta. La crisis del Hospital San Vicente de Paul no es un hecho aislado: es el reflejo de un modelo de desfinanciamiento que golpea a los sectores más vulnerables del norte provincial.
